El pasado 4 de octubre la Comisión Europea emprendió las pertinentes acciones jurídicas contra España y otros estados miembros por incumplimiento de deberes a los que están obligados en virtud del Derecho de la UE. Una de las 29 cartas de emplazamiento enviadas desde Bruselas se refiere, en concreto, al ámbito de la energía: la UE reprende a España por no haber traspuesto los artículos 9-11 de la DEE, e insta a que cumpla correctamente las normas contenidas en la Directiva sobre la eficiencia energética de 2012 (Directiva 2012/27/UE).
La Directiva obliga a instalar contadores individuales o sistemas de imputación de costes de calefacción en los estados miembros, con el fin de medir el consumo de energía y poder asignar costes en los edificios en los que la calefacción, la refrigeración o el agua caliente se suministran a cada vivienda desde una instalación central.
En consecuencia, se han tomado ya decisiones sobre las infracciones cometidas con el fin de garantizar la aplicación del Derecho europeo en beneficio de ciudadanos y empresas. La UE ha pedido a España expresamente que cumpla la directiva íntegra y no de manera parcial, como se ha aplicado anteriormente.

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